El 27 de enero de 2020, la Corte Suprema de los Estados Unidos aprobó una orden para permitir que la administración Trump proceda con su nueva regla de carga pública. Las estimaciones indican que la nueva norma de carga pública reducirá la inmigración legal a los EE. UU. en cientos de miles de personas al año. Esto reducirá el crecimiento de la fuerza laboral en los EE. UU. y tendrá un impacto más negativo en el crecimiento económico futuro que cualquier cosa positiva que la administración Trump haya hecho o probablemente pueda hacer en los próximos años.
Es razonable preocuparse por los inmigrantes o cualquier otro grupo que use beneficios sociales excesivos, ese no es el propósito de esta regla de carga pública. Los inmigrantes ya no son elegibles para los principales beneficios públicos federales. En cambio, el propósito es para dar a los funcionarios de inmigración una enorme discreción para negarles la residencia a los inmigrantes si creen que podrían usar los beneficios públicos durante 12 meses dentro de un período futuro de 36 meses. No hay precedentes de esto en la historia del derecho estadounidense.
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